Del día en que el Tribunal Supremo “cambió las reglas del juego, a medio partido”. La caducidad del Error. Dies a Quo.

Cambio por un día de registro, y, solo por un día, me gustaría dejar aparcadas las noticias objetivas y la información legal que intento proporcionar en este humilde rincón, para exponer una opinión personal sobre la reciente doctrina que está estableciendo el Tribunal Supremo, respecto al dies a quo o inicio del cómputo del plazo de 4 años de “Caducidad” de la acción del Error en el Consentimiento (Art. 1.301 CC). Me hierve la sangre y no puedo entender la tremenda injusticia que se está cometiendo.

Pues creo que se ha hablado muy poco sobre el asunto, y se está haciendo un daño enorme a miles de afectados, no ya a aquellos que pretendían demandar en breve, por la comercialización por parte de su entidad de confianza, de productos financieros tóxicos o de riesgo, vendidos a familias y particulares, sino también a los que iniciaron en su día su demanda, con la acción “bien interpuesta” en cuanto al plazo, y que hoy en día, se encuentran camino del Supremo, y que por la “gracia” de unos cuantos magistrados, verán desestimadas sus pretensiones al llegar a esta instancia superior (TS), al haberse cambiado una doctrina firme de años, de un día para otro, facilitando (una vez más), a la banca, el no tener que devolver a los clientes los miles de Euros de perjuicio económico que éstos han estado abonando en productos nunca solicitados, deseados, ni explicados en su día.

Y es que, después de la famosa Sentencia de 9 de mayo de 2013, la STS de 12 de enero de 2015, y las siguientes, claman al cielo, por beneficiar directamente a las entidades financieras, cambiando de forma flagrante “las reglas del juego a medio partido“, como bien se expone en el encabezamiento de este post.

Entrando en el fondo del asunto, resulta que hasta el momento, TODA la jurisprudencia anterior, establecía que, en contratos de tracto sucesivo (como serían los swaps o permutas financieras de tipos de interés, o por ejemplo Hipotecas Multidivisa), el dies a quo (inicio del cómputo) de la acción del error en el consentimiento (4 años), se iniciaba, en cuanto el CONTRATO HABÍA CUMPLIDO TODAS SUS OBLIGACIONES, esto es, a su vencimiento, cuando terminaba de abonarse la última de las liquidaciones.

A efectos prácticos, por ejemplo, un cliente cuyo SWAP vencía en 2016 (p.ej. los Contratos de Swap de CAIXA GALICIA), el cliente aún podría haber interpuesto demanda, hasta el ejercicio 2020, según doctrina anterior (STS de 11 de junio de 2003, y siguientes).

No obstante, la STS de 12 de enero de 2015, incluía un párrafo genérico en la misma, en el cual se manifestaba que, en los contratos financieros complejos, el dies a quo (inicio del cómputo de los 4 años), no se daría al vencimiento de todas las liquidaciones, sino en el momento en que el clientetuviera CABAL CONOCIMIENTO de los motivos que sustentan su error“.

Y ese momento, “plantado en bandeja” para las entidades, lo sitúan éstas, en el momento en que el cliente recibe la primera liquidación negativa (en casos de Swaps, por ejemplo).

De esta forma, dejando atrás la literalidad del verbo “CONSUMAR” (Art. 1.301 CC: “La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato“), que según la R.A.E. hace referencia a “1. tr. Llevar a cabo totalmente algo“, se facilita a las entidades ese poder de decisión, sobre CUÁNDO el cliente “percibe RAZONABLEMENTE” los motivos que sustentan su error.

Decir que, por suerte y no obstante lo dicho, aún queda la prueba en cada caso concreto, de cuándo se da ese momento en que el cliente tiene “cabal conocimiento” de los motivos que sustentan su error. Habrá que estar al caso concreto, y las entidades demostrar, ese dies a quo alegado.

Si a ello le sumamos, que el Código Civil también se modificó, pasando el plazo de las acciones declarativas de 15 a 5 años….todo ello es una broma de muy mal gusto. Una serie de modificaciones en normativa y doctrina, decisiones, que creemos, una vez más, claramente se ajustan a los intereses de la banca.

Ya no es que se haya cambiado la doctrina y “las reglas del juego” para asuntos que aún no se encuentran enjuiciados (lo cual es ya de inicio un método muy efectivo para conseguir que los particulares no lleguen a iniciar demanda judicial), hecho que aun pudiera considerarse “lícito“, lo gravoso de éste asunto, y lo miserable de la cuestión, no son los asuntos venideros, sino los que ya se estaban enjuiciando en el momento de dictarse la STS de 12 de enero de 2015, que se encuentran pendientes de resolución ante las Audiencias Provinciales, o ante el propio TS

Sin ir más lejos, acabo de dar con una Sentencia, relativa a una Hipoteca Multidivisa referenciada a yenes (otra de las barbaridades de la banca de los últimos años), en que se estima la caducidad por parte de la Audiencia Provincial, desestimando el asunto para el cliente demandante, y encima con la correspondiente y peor de las consecuencias: la condena en costas al afectado….pero Oh! sorpresa! Revisando el número de Autos del expediente, resulta que el número del Procedimiento Ordinario lleva referencia de 2014.

Es decir, que en el momento en que se interpuso la demanda, ni siquiera se había dictado la famosa STS de 12 de enero de 2015. Me ahorraré mis opiniones, pero me pregunto si estas lecciones las dio en su día el Sr. Sastre Papiol, ex director de Caixabank, y ex magistrado del TS, puesto que no puedo entender, ni como letrada, ni mucho menos como ciudadana, que se deje a miles y miles de afectados por la mala praxis de las entidades, completamente desprotegidos ante la justicia, que todo lleva al convencimiento que cambia según parece a unos pocos.

La STS 12/01/15, a mayor abundamiento, resulta que trataba de unos seguros de vida llamados “unit linked“, y lo que pretendía hacer, o así creíamos, en su día, era interpretar al caso concreto, los contratos bancarios que NO TENÍAN un vencimiento establecido, como las preferentes (perpetuas). Es lógico que por parte del TS se quisiera interpretar al caso concreto cuál era el momento de la “consumación” en casos en los que no hay estipulado un vencimiento concreto. De ahí, a que esa interpretación sea utilizada como la norma general, hay un trecho.

Por suerte, y lanzo con ello un mensaje de esperanza, aún quedan JUECES VALIENTES, en los Juzgados de Primera Instancia, que rechazan estas teorías, y nos dictan Sentencias como éstas, negando la estimación de la caducidad, que aluden, debe ser probada por las entidades financieras, a tenor del Art. 217 LEC:

“Ambas partes están conformes en que la primera noticia que tienen los clientes del funcionamiento perjudicial del contrato se dataría en mayo de 2010, cuando se inician las liquidaciones negativas.

Ahora bien, ello no significa que dicho momento deba ser considerado necesariamente el “dies a quo” de la caducidad de 4 años prevista en el CC, puesto que en ese momento sólo se acredita que aquellos comenzaron a darse cuenta de la afirmada negatividad del contrato, lo cual es algo muy diferente a conocer exactamente el funcionamiento del contrato en toda la extensión necesaria para determinar si existen y son viables acciones legales concretas, máxime a la vista de la complejidad de estos asuntos y el desenvolvimiento jurisprudencial que se ha ido presentando.

Tal como dice la defensa de los demandados en conclusiones, si hubiera que atender a la información dada por la entidad, ni hoy en día se ha ofrecido como para conocer el contenido del mismo; y no se diga ya respecto de la cláusula y fórmula cancelatorias, tan esenciales.

Partiendo de aquellas fechas de mayo de 2010 en que comienza a esbozarse la posibilidad de conocer la accionabilidad, no consta un momento concreto en que se de la condición de inicio de la caducidad, y, siendo la misma alegada por la entidad, debe probar dicha fecha conforme a lo previsto en el artículo 217 de la LEC.

De momento, los Juzgados aún siguen dando la razón a los afectados, al menos, en las instancias inferiores, aquellos que están en contacto directo con la realidad social de la problemática que nos ocupa. Pero es absolutamente necesario que el Tribunal Supremo, haga algún tipo de aclaración en las próximas Sentencias que se dicten en relación con esta materia, respecto a este punto tan importante, puesto que existe el peligro de que se lleven a cabo fallos condenatorios completamente injustos, y alejados además de la propia literalidad del Art. 1.301 CC.

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