El futuro de las tarjetas revolving vive un importante capítulo judicial. El Tribunal Supremo decidirá en los próximos días si esta modalidad de pago conlleva usura por parte de los bancos, que tienen en nómina a más de dos millones de personas como poseedoras de una de estas tarjetas, sujetas a intereses superiores a la media de los préstamos tradicionales. De esta forma, los bancos quedan pendientes de una decisión que, en caso de ser contraria a su postura, puede provocar una sucesión de demandas en cadena por parte de los consumidores que han accedido a este tipo de crédito. Pero, ¿en qué consisten realmente las tarjetas revolving?

Estas tarjetas, al igual que otras tarjetas de crédito, permiten realizar todo tipo de compras aplazando el pago de éstas. Sin embargo, lo que las diferencia del resto y es a la vez su principal característica es que es el cliente el que puede elegir el plazo de devolución del dinero a cambio de un interés previamente pactado. En las tarjetas denominadas tradicionales, el pago del dinero se produce el mes siguiente sin intereses o a plazos establecidos por el banco, que sí tienen intereses.

Así, el usuario de estas tarjetas revolving afronta dos alternativas: pagar un porcentaje determinado del dinero cada mes o elegir, por el contrario, una cantidad fija para desembolsar en las mensualidades que necesite. A medida que se vaya pagando el dinero, se irá recuperando la línea de crédito, siempre dentro de los límites que establecen los contratos firmados. De ahí el nombre de revolving (que significa ‘giratorio’ en inglés).

Son, en todo caso, dos opciones que tienen incluidas la aplicación de un interés, al margen de las comisiones que los bancos puedan añadir. Porque las tasas suelen ser mayores que en el resto de contratos de otras tarjetas y, cuando mayores son los plazos de devolución y amortización, mayores suelen ser las cantidades a pagar.

El Banco de España advierte a los usuarios sobre los riesgos de estas tarjetas y pone a su servicio un simulador que calcula el vencimiento de los préstamos.

Es, precisamente, el punto de los intereses el que ha llevado a las tarjetas revolving al Tribunal Supremo. El Banco de España calcula en un 19,67% el interés medio de estos préstamos, por el 7,72% de media de los créditos al consumo. Y, aunque no hay en España un límite legal, si el Supremo decide que los intereses de estas tarjetas son excesivos (el caso que le ocupa, que podría sentar precedente, es una tarjeta de WiZink con una tasa del 27%), la situación debería cambiar en los próximos meses, con una más que posible avalancha de reclamaciones de los usuarios.

En su página web, el Banco de España pone en aviso a los consumidores sobre los riesgos que implica el uso de estas tarjetas, explicando que el establecimiento de cuotas pequeñas va de la mano con un mayor pago de intereses y que es muy difícil elaborar un cuadro de amortización previo.

Por las dificultades que puede entrañar este tipo de tarjetas, la entidad informa a los consumidores de que pueden pedir a los bancos el historial de operaciones realizadas con estas tarjetas, así como el plazo de amortización, ejemplos significativos y las cuotas mensuales en planes a largo plazo. También reflejan que los bancos han de “extremar la diligencia” en la información sobre el estado de los préstamos, además de para comunicar el tiempo restante para saldarlos, teniendo en cuenta y reflejando los plazos pendientes y las condiciones específicas (deuda acumulada, cuotas a pagar) en caso de una ampliación del crédito.

Como ayuda adicional, el Banco de España pone a servicio de los usuarios un simulador (puede acceder a él pinchando en este enlace) avisando de que “en muchos casos, si la cuota elegida no cubre los intereses generados, la devolución puede demorarse ocasionando que la deuda crezca de tal manera que no pueda ser satisfecha con esta forma de pago”.

Algunas organizaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) han advertido de que este tipo de tarjetas puede llevar a los consumidores a “una espiral de endeudamiento” y “superan ampliamente el precio de mercado“.

El precedente que esgrime es la sentencia del Supremo del 25 de noviembre de 2015, por la que se declaró nulo un préstamo del Banco Sygma Hispania a un interés del 24,5% más otro 4,5% por demora.

En su resolución, el Supremo hizo referencia a la Ley de Represión de la Usura (de 1908) dictaminando que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”.

Fuente Noticia: EL ECONOMISTA

nik-macmillan-280300-unsplash